El próximo lunes 30 de septiembre, vencerán 63 mil contratos de empleados de la Administración Pública Nacional en Argentina. Estos contratos, que fueron renovados por 90 días el pasado 30 de junio, representan una parte significativa de la fuerza laboral estatal que ha sobrevivido a los más de 30 mil despidos ejecutados por el gobierno desde la asunción del presidente Javier Milei.
Desde el inicio de su mandato, Milei ha implementado una política de ajuste fiscal severo, conocida coloquialmente como “la motosierra”, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y reestructurar el sector público. Sin embargo, esta política del Gobierno ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los empleados estatales, quienes temen por la continuidad de sus puestos de trabajo.
A pesar de las promesas del Ejecutivo de que no habría despidos masivos en esta ocasión, en los últimos días han comenzado a llegar telegramas de despido y notificaciones de finalización de contrato en áreas clave, como los Centros de Acceso a la Justicia.
Esta situación ha generado un estado de alarma entre los gremios estatales, quienes han expresado su preocupación por la falta de personal y la posible paralización de servicios esenciales. El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, ha sido uno de los más afectados por esta situación.
Según fuentes internas, el secretario de Justicia, Santiago Amerio, ha mantenido conversaciones con los delegados de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para notificarles que la mitad de los 2.500 contratados por el ministerio serían despedidos bajo el nuevo régimen de contratación laboral.
En el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, también ha habido quejas por la falta de cuadros técnicos, lo que ha ralentizado la gestión y generado insatisfacción entre los funcionarios de segunda línea.
Despidos
Esta situación refleja las dificultades que enfrenta el gobierno para mantener un equilibrio entre la reducción del gasto público y la necesidad de garantizar el funcionamiento adecuado de la administración pública.
Los gremios estatales, como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), han mantenido reuniones con funcionarios del Ejecutivo para discutir la situación y buscar soluciones. Sin embargo, hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
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