En su primer año de gestión uno de los conflictos más importantes que tuvo el presidente Javier Milei fue con las universidades nacionales y todo indica que la pelea se reeditará en los próximos meses, dado que la UBA reclamará al Congreso que insista con la Ley de Financiamiento Universitario y convoque a una consulta popular para blindarla ante un probable veto.
Milei se endureció en la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2025 con la excusa del déficit cero «innegociable» y eso impidió la aprobación de la ley. En consecuencia, el Presidente vuelve a tener la posibilidad de reconducir las partidas presupuestarias de 2023 discrecionalmente, lo que facilita la ejecución de su ajuste fiscal, porque basta con no actualizar partidas o hacerlo por debajo de la inflación.
Eso fue precisamente lo que motivó el conflicto y las dos marchas universitarias masivas que se realizaron en abril y octubre de este año para reclamar por el financiamiento de las casas de altos estudios. Previendo que el Gobierno repetirá aquella receta, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió en su última sesión de diciembre impulsar ante la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución del consejo rector de la UBA incluye además el pedido que le harán a la Cámara baja para que convoque a una consulta popular, algo que si se concreta y resulta en la aprobación de la iniciativa impediría que Milei vete la ley como hizo este año. Si este plan avanza, el tema del financiamiento universitario podría meterse en la campaña para las elecciones legislativas.
Javier Milei y una nueva pelea con las universidades: cómo es el plan de la UBA
El Consejo Superior de la UBA se reunió el 11 de diciembre pasado. Durante la sesión se destacó la «unidad» que hubo entre los distintos sectores que lo integran para llevar adelante la discusión con el Gobierno y lograr «apoyo masivo de la sociedad» a las dos marchas que se realizaron. Fueron las protestas más contundentes que enfrentó Milei.
Al hablar sobre el nuevo proyecto para garantizar el financiamiento de las casas de altos estudios, algunos de los consejeros deslizaron la posibilidad de convocar a una nueva movilización entre enero y febrero a favor de la ley. Saben que se encaminan a una nueva pulseada con el Gobierno y que el Congreso sesiona poco en años electoral, por lo que no quieren dejar pasar tiempo.
En ese contexto pusieron de relieve la importancia de apelar al artículo 40 de la Constitución Nacional que habilita a la Cámara de Diputados para «someter a consulta popular un proyecto de ley». La clave está en que esa convocatoria se aprueba con mayoría simple y no puede ser vetada o bloqueada de ninguna forma por el Poder Ejecutivo.
Pero lo más importante es que el voto a favor de un proyecto en el marco de una consulta popular -donde toda la población mayor de 16 años está habilitada a votar- lo convierte en ley y su promulgación es automática, según establece la Constitución. Es decir que el Presidente no puede vetarlo.
El nuevo intento por sancionar y blindar una ley de financiamiento responde a que, según la estimación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el sistema universitario necesitaría unos $7,2 billones para funcionar en 2025. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2025 contemplaba apenas $3,9 billones. Y ahora, sin ley presupuestaria, es una incógnita cuánto les asignará el Poder Ejecutivo.
La consulta popular: ¿única barrera frente al veto de Milei?
La consulta popular sería, en efecto, la única forma de evitar que Milei vete la ley en caso de que se apruebe. Tanto el Congreso como las universidades ya entendieron este año que al líder de La Libertad Avanza no le tiembla el pulso para anular de un plumazo cualquier norma que implique un gasto no previsto por él.
Así lo hizo con la ley que dispuso un aumento para las jubilaciones, a pesar de ser un tema muy sensible, y luego con la norma que pretendía fijar una actualización automática por inflación del financiamiento de las universidades, incluidos los sueldos del personal docente y no docente. El proyecto se había originado en la Cámara de Diputados, con un acuerdo transversal entre la oposición dialoguista y la más dura, y el Senado lo terminó de sancionar en septiembre.
Pocos días después, el Presidente lo vetó tras tildar a los legisladores como «degenerados fiscales». Y si bien la ley había sido aprobada con una mayoría de dos tercios en las dos Cámaras, Milei logró quebrar a la oposición y sostener el veto con la ayuda de un grupo de diputados de la UCR que le permitió reunir 85 votos para bloquear el intento de ratificar la norma.
En el decreto con el que vetó la ley, el Poder Ejecutivo argumentó que era «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente» porque no contemplaba el impacto fiscal ni indicaba las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el nuevo gasto, algo que exige la Ley de Administración Financiera. En ese marco, las universidades saben que Milei volvería a vetar la la ley avanza y ven en la consulta popular la única herramienta para hacerle frente.
El Gobierno se mantiene firme en la pulseada por las auditorías sobre las universidades
Frente a la insistencia sobre una ley que blinde el financiamiento de las universidades ante la «motosierra» de Milei, el Gobierno sostiene la necesidad de auditar a las casas de altos estudios, sobre la idea de que en muchos casos son usadas como «cajas» de la política y albergan algunos de los «curros» de «la casta».
Las universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que es controlada por el Congreso, pero la Casa Rosada quiere que también participe la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende directamente del Poder Ejecutivo. La UBA y otras se oponen a esto porque, según argumentan, violaría al autarquía universitaria.
La pelea continúa en la Justicia. Días atrás, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 rechazó una medida cautelar solicitada por la SIGEN contra la UBA para que presente información respecto a los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y entregue la documentación para poder auditarlos.
No obstante, el tribunal postergó la resolución sobre el planteo de inconstitucionalidad que presentó la UBA a través de su rector, Ricardo Gelpi, ante la intención de la SIGEN de auditar a la universidad. El argumento es que ese control le corresponde exclusivamente a la AGN por mandato de la Ley de Educación Superior. La discusión está abierta.
En cualquier caso, tras el revés judicial el Gobierno respondió con una batería de decretos para reformar la rendición de gastos de las universidades nacionales. Entre las medidas, limitó las compras o contrataciones de servicios por adjudicación directa.
De esta forma, el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales promete un nuevo capítulo en 2025 que tendrá otra vez al Congreso como protagonista central pero esta vez con el pedido de una consulta popular para tratar de evitar una reacción del Gobierno que, a esta altura, resulta previsible.