La advertencia que lanzó el presidente Javier Milei al campo sobre la vuelta de las retenciones generó una tensión con las entidades agropecuarias que ahora amaga con trasladarse al Congreso, donde los diputados de Córdoba le respondieron con un proyecto que busca frenar la suba prevista para julio y obligar a que cualquier cambio se haga por ley.
Desde el recordado conflicto de 2008 por el intento del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner de elevar las retenciones a las exportaciones del agro, con foco especial en la soja, el tema se volvió delicado para todo gobierno no peronista. Y es que además de la discusión económica y de interés sectorial que genera, tiene aristas políticas que no son menores.
Los gobernadores de la región centro suelen hacer causa común con los reclamos del sector por el peso que tiene en la economía interna de sus provincias. Esta vez el primer paso lo dio el cordobés Martín Llaryora. Los diputados Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres son su voz en la Cámara baja y desde la semana pasada se muestran activos en la Comisión de Agricultura para reclamar que «no existan más las retenciones».
En ese marco, fueron los primeros en reaccionar a la advertencia que le lanzó Milei al campo el último lunes -primer día post cepo- para que «liquiden ahora» las exportaciones porque «en junio les vuelven las retenciones», en su afán por conseguir los dólares que necesita el Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria de estos días.
Lo hicieron con una inciativa que apunta concretamente a frenar el aumento de las retenciones previsto para el 1 de julio, cuando la alícuota para el poroto de soja, por ejemplo, pasará del 26% al 33% por el vencimiento de la rebaja temporal que el Gobierno estableció en enero pasado y que ahora intenta usar como elemento de presión.
¿Vuelve la pelea por las retenciones tras el fin del cepo?: el proyecto de los diputados cordobeses
El proyecto de Gutiérrez y Torres, integrantes del bloque Encuentro Federal que coordina Miguel Pichetto y alfiles de Llaryora en el Congreso, establece en primer lugar que «el Poder Ejecutivo Nacional no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevos derechos de exportación sobre productos agropecuarios y agroindustriales que hayan sido reducidos o eliminados por decreto o resolución administrativa durante los años 2024 y 2025″.
Con ese artículo apuntan directamente al decreto 38 que firmó Milei en enero de este año y que recortó hasta el 31 de junio el porcentaje de las retenciones sobre los principales cultivos exportables: la soja pasó del 33 al 26% y sus derivados del 31 al 24,5%, mientras que el trigo bajó de 12 a 9,5% igual que la cebada, el maíz y el sorgo. El girasol pasó de 7 a 5,5% por ciento.
A partir de julio esa baja se revertirá y las alícuotas volverán al nivel anterior. Eso es lo que intenta frenar el proyecto. «Esto responde directamente a lo que dijo el Presidente, pero yo ya lo había planteado en la última reunión de la Comisión de Agricultura previendo que algo de esto iba a suceder en el marco de la devaluación encubierta o salida del cepo, como se la quiera llamar», afirmó Gutiérrez en diálogo con iProfesional.
Pero la iniciativa cuenta con otro punto clave que busca condicionar al Gobiero a futuro, porque establece que «toda modificación de las alícuotas de derechos de exportación aplicables al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser aprobada por el Honorable Congreso de la Nación mediante ley expresa».
De aprobarse, esto limitaría mucho a una gestión como la de Milei que, sin una mayoría propia, recurre con frecuencia a la herramienta del decreto para tomar medidas especialmente en materia económica.
Una respuesta a la advertencia de Javier Milei: ¿puede avanzar la iniciativa en Diputados?
Gutiérrez señaló a este medio que en la Comisión de Agricultura lograron un «compromiso de todos los bloques» para tratar de firmar el dictamen favorable a este proyecto «salvo por La Libertad Avanza» que, según dijo, estuvo ausente en el encuentro anterior donde se planteó anticipadamente el tema de las retenciones.
La idea es reunir a la comisión «lo antes posible» para buscar el dictamen. Ya lo conversaron con el presidente de ese cuerpo, el radical Atilio Benedetti, de Entre Ríos. No obstante, el proyecto también debe ser tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el ibertario José Luis Espert, siempre renuente a discutir iniciativas de la oposición.
En ese marco, los diputados de Córdoba no descartan impulsar en algunas de las sesión por venir un «emplazamiento» a esa comisión, que obligaría a Espert a abrir el debate con fecha y hora aprobados por el pleno de la Cámara. La oposición ya apeló a este recurso con otros temas.
Según el diputado cordobés, «en el hombre y la mujer de campo hay convicción de que es una buena noticia haber salido del cepo, pero por otro lado piensan por qué el Presidente la echa a perder con una amenaza como esa», en referencia a la advertencia que lanzó el pasado lunes. «Eso también ha molestado», afirmó Gutiérrez.
El Gobierno espera los dólares del campo y confía en que surta efecto la presión
En efecto, las entidades de la Mesa de Enlace agropecuaria tomaron como una «extorsión» los dichos del Presidente y lo hicieron saber en la reunión que mantuvieron el mismo lunes -y que estaba pautada de antemano- con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
Según supo iProfesional de fuentes oficiales, en el Gobierno afirman que lo que dijo Milei «no fue una advertencia ni una amenaza» porque «todos saben que la baja es hasta el 30 de junio». Ahora, esperan que el campo liquide la exportación, sobre todo porque el dólar a $1.230 está algo más alto que el ahora extinto dólar blend.
No obstante, en el sector cayó mal la forma en la que Milei los señaló y ese humor podría contagiarse a gobernadores que tienen votos propios y poder de presión en el Congreso. De hecho, en enero pasado fueron Llaryora y sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quienes advirtieron que el campo «no da más» y si no se bajaban las retenciones «urgente, el campo se puede fundir».
Los gobernadores de las provincias donde más poder tienen las cámaras agropecuarias se expresaron así en un comunicado conjunto, para tratar de exhibir fortaleza política y en menos de 20 días el Gobierno anunció la baja temporal del impuesto mediante el decreto que firmó Milei.
Una pulseada en ciernes, con final abierto
Si bien los tres gobernadores se venían moviendo como aliados de la Casa Rosada, en el último tiempo también dieron señales de independencia. Por caso, varios de sus diputados dieron quórum y apoyaron el armado de la comisión investigadora del escándalo por la criiptomoneda Libra que complica a Milei, cuando el oficialismo confiaba en que la sesión se caería.
Por el momento los de Llaryora son los que se muestran más activos para abrir la discusión sobre las retenciones, pero si Frigerio y Pullaro sintieran la presión del sector agropecuario en sus provincias el tema podría empezar a escalar en la Cámara de Diputados.
Las entidades agropecuarias entienden que, en principio, es poco lo que pueden hacer para frenar la suba prevista para el 30 de junio. En la Casa Rosada se muestran inflexibles. Necesitan que se liquiden las exportaciones y confían en que se logrará por la devaluación y la presión adicional del inminente regreso de las retenciones de 33% para la soja.
No obstante, el proyecto que busca suspender ese aumento de las retenciones ya está en la agenda y dependerá mucho de lo que hagan los diputados alineados con los gobernadores de acá al 30 de junio. Por ahora funciona como primera reacción a la advertencia que lanzó Javier Milei, pero el Congreso se ha vuelto un terreno impredecible para el Gobierno.