Miles de manifestantes se reunieron este sábado 19 de abril en distintas ciudades de Estados Unidos, hilvanando una segunda serie de protestas contra el presidente Donald Trump, cuestionando sus ataques contra las instituciones democráticas, la independencia judicial y su feroz persecución a los inmigrantes indocumentados.
En Nueva York, los manifestantes se concentraron frente a la Biblioteca Pública, con pancartas que acusaban al referente republicano de tener «actitudes totalitarias». Kathy Valyi, de 73 años, hija de supervivientes del Holocausto, habló con AFP y declaró que, lo que sus padres le contaron sobre la llegada de Hitler al poder en la década del 30 en Alemania, “está ocurriendo aquí ahora. La democracia corre un gran peligro”.
En Washington, los manifestantes protestaron frente a la Casa Blanca, mostrando su preocupación por la presión que Trump ejerce sobre la Constitución. Benjamín Douglas, de 41 años, le dijo a la AFP que el gobierno está realizando “un ataque directo contra la idea del Estado de derecho”.
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En la Costa Oeste, cientos de personas se concentraron en una playa de San Francisco para deletrear las palabras “IMPEACH + REMOVE” (juicio político + destitución). Daniella Butler, de 26 años, contó que quería “llamar la atención específicamente sobre la desfinanciación de la ciencia y la salud” llevada a cabo por este gobierno. La joven realiza un doctorado en inmunología en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins y llevaba un mapa de Texas lleno manchas que hacen referencia al brote de sarampión que sufre ese estado. “Cuando se ignora la ciencia, la gente muere”, remarcó.
En la ciudad costera de Galveston, estado de Texas, también se produjo una concentración de manifestantes anti-Trump. “Esta es mi cuarta protesta y, generalmente, esperaría con los brazos cruzados a las próximas elecciones, pero no podemos hacer eso ahora. Ya hemos perdido demasiado”, reconoció la escritora Patsy Oliver, de 63 años.
Corte Suprema desafió a Donald Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este sábado 19 de abril la deportación de supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una cárcel de El Salvador, decretada en virtud de una ley del siglo XVIII. Todo comenzó el mes pasado, cuando el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798 para arrestar a supuestos integrantes de la banda Tren de Aragua y deportarlos directamente a una prisión de máxima seguridad salvadoreña. Hasta ahora, esa ley se había usado solamente durante la guerra contra el Imperio británico y durante las dos guerras mundiales del siglo XX.
El máximo tribunal fue contundente en su decreto: “Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”. Esta decisión responde a la apelación de emergencia realizada por abogados de derechos humanos. En el recurso, presentado el viernes 18 de abril por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus iniciales en inglés) expresó que se había comunicado al grupo de venezolanos detenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente”.
«Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una horrorosa prisión extranjera sin haber tenido nunca la oportunidad de ir a un tribunal. Nos alivia que la Corte Suprema no haya permitido que el gobierno se los llevara como hizo con otros el mes pasado», declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Los representantes legales de varios venezolanos deportados previamente aseguran que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua, no habían cometido delitos, y que fueron víctimas de la campaña anti inmigratoria de Trump solo por tener tatuajes.
El sábado 19 de abril, el gobierno presentó una moción ante la Corte Suprema donde argumenta que no se le puede impedir usar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar personas a las que considera terroristas; y afirma que, si se bloquea esta ley, el tribunal debería declarar que esas deportaciones podrían hacerse a través de otros mandatos legales.
Trump, que en su pasada campaña electoral aseguró que expulsaría a millones de migrantes indocumentados y acusó a Venezuela de “perpetrar una invasión” contra Estados Unidos usando integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.
La Corte Suprema ya había comunicado este mes que cualquier persona involucrada en un proceso de deportación por esta ley del siglo XVIII debía tener la chance de impugnar judicialmente su expulsión. La ACLU afirmó en su recurso de amparo que los migrantes retenidos en Texas podían “ser expulsados de Estados Unidos sin previo aviso ni la oportunidad de ser escuchados. Muchos individuos han sido ya puestos en autobuses, presuntamente dirigidos hacia el aeropuerto”.
Caso Ábrego García
La semana pasada, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Trump agilizar el retorno de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Kilmar Ábrego García tenía un estatus legal protegido desde el año 2019, cuando un juez ordenó que no debía ser deportado a su país de origen porque podría poner en peligro su vida, sin embargo, el 16 de marzo pasado fue llevado a la prisión de máxima seguridad construida especialmente para pandilleros por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El gobierno norteamericano admitió públicamente haber cometido “un error administrativo”, pero argumenta que no puede hacer nada porque Ábrego García ya se encuentra detenido en El Salvador. El principal asesor en migración de Trump, Stephen Miller, se refirió al caso este sábado 19 de abril y lo llamó un “engaño de los medios”.
El senador estadounidense Chris Van Hollen habló el viernes 18 de abril, tras regresar de un vuelo a El Salvador, donde se reunió con Kilmar, y expresó: “Ahora necesitamos poner fin al secuestro de Kilmar Abrego y traerlo a casa. En este caso no se trata de un solo hombre, se trata de proteger los derechos constitucionales de todos los que viven en Estados Unidos”.
Bukele subió fotos del encuentro entre el legislador norteamericano y Kilmar e ironizó: «Abrego García, milagrosamente resucitado de los ‘campos de exterminio’ y la ‘tortura’, ¡ahora bebiendo margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!».
Los migrantes deportados a El Salvador están encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el penal más grande de Latinoamérica, con capacidad para 40.000 presos. Allí, los reclusos se encuentran encerrados en celdas sin ventanas, durmiendo sobre camas de metal sin colchón y sin derecho a recibir visitas.
HM/HB