La defensa de la contadora platense Natalia Foresio, acusada de presentar facturas truchas por 4 mil millones de pesos, interpuso un recurso de apelación contra el fallo judicial que rechazó su pedido de morigeración de prisión preventiva mediante arresto domiciliario. El escrito, presentado por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, denuncia una serie de irregularidades en la resolución del juez, entre ellas la omisión en la producción de pruebas claves y una valoración “arbitraria y dogmática” del supuesto riesgo de fuga.
Según los defensores, el rechazo de la domiciliaria no solo afecta gravemente la garantía de presunción de inocencia, sino que vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, adelantaron su intención de recurrir a la Corte Suprema si la Cámara no revoca la resolución.
Uno de los argumentos centrales es que la resolución apelada fue dictada sin producir ninguna de las pruebas ofrecidas por la defensa, incluyendo informes médicos, antecedentes penales, informes ambientales y testimoniales. Para los letrados, esto “mengua un derecho inalienable” y transforma el proceso en una instancia carente de contradicción y equilibrio.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Foresio, quien se encuentra alojada en la Comisaría 1ª de La Plata, solicitó la domiciliaria también por razones humanitarias: su esposo padece múltiples dolencias que requieren asistencia permanente. La defensa adjuntó documentación médica respaldatoria que, afirman, no fue debidamente valorada por el juzgado.
Además, el recurso impugna la aplicación de la reciente ley de reiterancia sancionada en 2025, por considerar que su aplicación retroactiva vulnera el principio de legalidad penal. Señalan que, en todo caso, el otro proceso en el que Foresio figura como imputada no debería ser utilizado como antecedente, ya que no existe condena firme y su conducta procesal fue siempre colaborativa.
“La prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada”, sostiene el recurso, que critica la “valoración genérica y sin pruebas” de los riesgos procesales por parte de la fiscalía y el tribunal.
Según el juzgado a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, el rol de Foresio estaría vinculado a una estructura mayor que habría articulado maniobras económicas ilegales a través de diversas sociedades. Sin embargo, desde su defensa insisten en que su actuación se limitó estrictamente al ejercicio de su profesión.
Foresio está procesada como coautora de los delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita fiscal. La investigación comenzó en mayo de 2024 e incluyó 17 allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos de la Provincia y en Córdoba.
En esos procedimientos, la Justicia secuestró grandes sumas de dinero en distintas monedas –incluyendo 200 millones de pesos, 360 mil dólares y 13 mil euros– además de vehículos, dispositivos electrónicos y armas de fuego. Ninguno de esos elementos, aclara la defensa, fue hallado en el domicilio ni en el estudio contable de Foresio.
“Ella no integró ninguna asociación ilícita ni tuvo participación operativa en ninguna maniobra comercial irregular. Lo que hizo fue constituir sociedades y brindar asesoramiento técnico contable, como cualquier otro profesional”, explicó su abogado, Miguel Molina, que junto a Alfredo Gascón encabeza la defensa. También remarcaron que la contadora no conoce personalmente a muchas de las personas involucradas en el expediente.
Uno de los aspectos cuestionados en la imputación es la coincidencia entre los domicilios fiscales de varias sociedades investigadas y la dirección del estudio contable de Foresio. Desde su entorno explican que esta práctica es habitual y está prevista en la normativa vigente: “Es un domicilio de referencia para trámites administrativos, no un lugar donde se desarrollen actividades comerciales”.
En los próximos días, la contadora presentará una declaración espontánea ante la fiscalía, en la que buscará brindar mayores precisiones sobre su rol, aportar documentación respaldatoria y responder preguntas sobre los puntos más sensibles de la acusación. La defensa confía en que esa instancia será clave para aclarar su situación procesal.