A una semana de la cumbre que reunió a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, continúan los roces entre las provincias y la Nación. Frente a las amenazas de los gobernadores de enviar un proyecto de ley al Congreso —el cual modificaría la forma de distribuir los fondos coparticipables—, el Gobierno nacional enviará a discutir con los mandatarios provinciales al secretario de Hacienda el próximo martes.
La discusión sobre las cajas provinciales ha sido una variable de ajuste para el Gobierno nacional. Frente a esta situación, los gobernadores se reunieron el pasado martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para profundizar las negociaciones sobre el reparto de fondos que deben recibir por ley. De ese encuentro surgió un documento firmado por los mandatarios de todas las provincias y por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que apunta a convertirse en un proyecto de ley para ser presentado en la Cámara de Senadores.
Este proyecto, que intenta redefinir la distribución de fondos para las provincias, no es visto con buenos ojos por el Gobierno nacional. Sin embargo, ante la posibilidad de perder aliados en ambas cámaras del Congreso, el Ejecutivo ha decidido entablar un diálogo para alcanzar un consenso. El primer paso será este 1 de julio, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman —delegado del ministro Caputo—, se reúna con los ministros de Economía de cada provincia.
El encuentro, que también se realizará en el CFI, servirá para que los encargados de las carteras económicas provinciales expongan ante Guberman de dónde se obtendrían los fondos para fortalecer las cajas provinciales.
La propuesta de los gobernadores
Tras el fracaso de las negociaciones con los representantes de la Nación —Carlos Guberman y Lisandro Catalán (vicejefe de Gabinete del Interior)—, los mandatarios provinciales decidieron presionar con la presentación de un proyecto de ley.
Este documento legislativo, respaldado por todo el espectro de partidos tradicionales, busca modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos, para redistribuir la recaudación entre las 24 provincias. La iniciativa surge, además, por la baja recaudación causada por la retracción del consumo, que afecta a impuestos coparticipables como el IVA y a los tributos locales.
La reforma propuesta modificaría el artículo 19 de la Ley 23.966[i], que establece la distribución de los ingresos por el impuesto a los combustibles líquidos. Actualmente, según esta ley:
- 10,40% se destina al Tesoro Nacional;
- 15,07% al FONAVI;
- 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social para obligaciones previsionales nacionales;
- 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica;
- 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte;
- 2,55% a la Compensación del Transporte Público.
Esto deja solo un 10,40% (unos $2.500 millones) para repartir entre las 24 provincias. Los gobernadores proponen eliminar los fideicomisos y redistribuir ese 58,36% entre las provincias, manteniendo los ingresos del Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación del transporte público.
Respecto a los ATN, el proyecto busca eliminar la discrecionalidad en su reparto, fijando porcentajes ya fijados para cada provincia y agregando beneficios para CABA y Tierra del Fuego. También se discutirá la injerencia del Ejecutivo nacional, ya que se propone una distribución automática y diaria, en lugar de limitarla a emergencias o desequilibrios financieros.
El contexto de la disputa
El esquema de ajuste del Gobierno nacional ha dejado las arcas provinciales en una situación crítica. Las presiones de los gobernadores —entre los que hay peronistas, radicales y macristas— reflejan la crisis que atraviesa el país. Los recortes en todos los niveles territoriales han llevado a este enfrentamiento (por ahora dicursivo) con la Nación.
Milei, ante las presiones electorales y la necesidad de sostener su esquema económico —amenazado por las exigencias del FMI—, ha decidido ceder y negociar a través de su equipo. Para el oficialismo libertario, perder votos en el Congreso sería un escenario complicado para sus necesidades.
Sin embargo, las demandas de los gobernadores distan de ser un reclamo por mejores condiciones para los trabajadores. Muchos de estos mandatarios apoyaron las medidas de Milei, incluyendo el Pacto de Mayo que impulsó las desregulaciones actuales. Tampoco dudaron en aplicar ajustes a sus propias provincias para enfrentar la crisis.
Esta disputa entre las provincias y la Nación responde, en última instancia, a los intereses de la clase política frente a los efectos del plan económico libertario. Mientras persistan las exigencias del FMI y la presión del capital financiero, estos conflictos no mejorarán las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares.
[i] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/365/texact.htm