La jueza Martina Forns, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, suspendió por seis meses cualquier acto administrativo relacionado con la disolución de Vialidad Nacional, ordenada por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025 del 8 de julio pasado.
A pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), la magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la entidad.
En la resolución de nueve páginas, se advierte sobre el peligro que implicaba la aplicación del decreto, ya que podría provocar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir su rol. Ante el riesgo de un daño inminente e irreparable, Forns decidió aceptar la medida cautelar, advirtiendo que “existe un peligro cierto de un daño que puede derivar en un perjuicio efectivo”.
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Según la magistrada, el artículo 32 condiciona la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, infringiendo convenios colectivos y normas constitucionales. Además, sostuvo que la Constitución y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “impiden al Estado alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
Al analizar el decreto, Forns afirmó que “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales”, al sacarlos del ámbito de protección de los convenios colectivos y al interferir en temas que deben resolverse mediante negociación y regímenes estatutarios.
Todavía no se pronunció sobre la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 461, ya que la jueza consideró que requiere un “estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba”.
El cierre de Vialidad Nacional
El presidente Javier Milei dispuso la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, una medida que se oficializó en el Boletín Oficial a través del Decreto 461/2025. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue el encargado de comunicar la decisión y aseguró: “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”.
Según explicó, el plan contempla el cierre definitivo del organismo y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, que pasarán a estar bajo nuevas reglas y sistemas de control. El vocero afirmó que Vialidad “se creó para facilitar la corrupción” y que esta decisión se tomó amparada en las facultades delegadas por la Ley de Bases.
A partir de ahora, las tareas que realizaba la entidad se distribuirán así:
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El diseño y la planificación de la infraestructura vial quedarán a cargo de la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía.
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La supervisión y el control de las concesiones estarán en manos de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que no tendrá facultades para adjudicar obras, con el fin de evitar conflictos de interés.
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El mantenimiento será responsabilidad de una unidad específica, que tercerizará parte del trabajo a empresas privadas, consideradas por el Gobierno como más eficaces que las áreas técnicas del organismo eliminado.
La Dirección Nacional de Vialidad contaba con 5.184 empleados. De ese total, el 67% cumplía tareas administrativas o técnicas y solo el 33% trabajaba en el terreno. Según el comunicado oficial, el cierre permitiría un ahorro anual de 100 millones de dólares. Ahora, las funciones estarán repartidas entre la nueva Agencia de Control y dos dependencias del Ministerio de Economía: la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.
MV/EM