Una vez más el presidente Javier Milei enfrenta un escenario adverso en el Congreso, con un paquete de proyectos impulsados por los bloques opositores que, según el Gobierno, tienen un impacto fiscal imposible de afrontar, pero que en realidad obligan al oficialismo a entrar en una discusión incómoda sobre el orden de prioridades de su plan económico.
La Casa Rosada intentó evitar que los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia por Siempre, Coalición Cívica y otros tuvieran quórum para sesionar este miércoles, pero fracasó. A las 12:20 el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio obligado a abrir el debate con 135 legisladores sentados en sus bancas.
Dentro de la extensa agenda de temas que impulsó la oposición los dos principales son el proyecto de financiamiento de las universidades (que se aprobó con 158 votos a favor y 75 en contra) y la emergencia en pediatría, que propone asignar recursos de forma «inmediata» al sector y contempla epecialmente la crisis del Hospital Garrahan. Son los únicos con dictamen y en condición de pasar al Senado con media sanción.
El oficialismo acusa «oportunismo» por tratar temas socialmente sensibles como estos a pocos días del inicio de la campaña electoral. «Siempre algo de eso hay», admite por lo bajo una fuente opositora ante iProfesional. Pero más que eso, lo que buscan es instalar la controversia sobre el plan económico del Gobierno, con planteos como «hay plata para la Sociedad Rural o para la SIDE pero no para las universidades o la salud».
De cualquier manera, el cuadro general de situación es molesto para el gobierno de Milei, tanto por la discusión -que empieza a volverse permanente y repetitiva- sobre su programa de equilibrio fiscal «innegociable» como por la cada vez más notoria pérdida de control sobre la agenda del Congreso por parte del oficialismo.
Otra pulseada difícil para Javier Milei: ¿qué impacto fiscal tendría el proyecto sobre el Garrahan?
Además del oportunismo electoral, La Libertad Avanza afirma que la oposición quiere «dañar el rumbo económico» del Gobierno para generar inestabilidad y provocarle un daño político irreversible.
Los proyectos, si se aprueban en Diputados y luego en el Senado, efectivamente alteran las cuentas del Gobierno, aunque su impacto fiscal real es impreciso. Esto se debe a que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que suele elaborar esos informes a pedido de los legisladores solo analizó esta vez el proyecto sobre el Hospital Garrahan.
Según ese informe, la iniciativa que declara la emergencia en pediatría por dos años, contempla una «asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios» al sector y declara al Garrahan como «hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad» implica un gasto anualizado de más de $133 mil millones.
Ocurre que el proyecto establece además una recomposición salarial del personal de salud -incluidos los residentes- que «no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023» y una exención en Ganancias cuando cumplan con actividades críticas, horas extras y/o guardias.
El informe señala que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 «implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones«, que anualizado «alcanzaría 133.433 millones».
Financiamiento universitario: dudas sobre el costo en Diputados, mismo problema para el Gobierno
El proyecto sobre las universidades fue impulsado por los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y propone actualizar por inflación y de forma automática los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, al tiempo que ordena convocar a paritarias para recomponer el salario del personal docente y no docente.
Con esto tema, el problema es que no hay un informe de la OPC porque los diputados no lo pidieron y tampoco los rectores de las universidades hicieron el cálculo, según deslizó a este medio una fuente opositora. El único número que hay sobre el impacto fiscal de este otro proyecto es 0,19% del PBI, pero es una cuenta extraoficial.
En otros bloques apuntan que cuando la misma iniciativa se trató en 2024 (Milei la vetó) la OPC informó que el impacto era de 0,14% del PBI por lo que este año sería «más o menos lo mismo, pero con el Producto Bruto actualizado«. Pero ante la falta de un número preciso, el oficialismo y la oposición arrojan diagnósticos distintos.
En el sector de la UCR más ligado a las universidades señalan que, con el informe anterior actualizado por la inflación de 2025, el proyecto implicaría en total un gasto adicional para el Gobeirno de poco más de un billón de pesos. Los libertarios afirman que «supera ampliamente el billón y medio».
Sin embargo, para la oposición la discusión no pasa por los números redondos, sino por la recomposición. Durante la sesión, el radical Martín Tetaz señaló: «No preguntemos de dónde sala la plata cuuando solamente estamos ajustando por inflación, no estamos creando universidades nuevas».
¿Por qué la oposición avanza con proyectos que tienen asegurado el veto de Milei?
Todos saben que los dos proyectos van camino a repetir la historia del último año y medio: si se convierten en ley, el Presidente los vetará con el argumento de que dañan el equilibrio fiscal y luego empezará la pulseada dentro del Congreso para ver si el Gobierno logra blindar el veto o no.
Por esa razón, el eje central de la sesión que convocó la oposición no pasa tanto por el contenido de los proyectos, ni siquiera por el impacto fiscal, sino por discutir el orden de prioridades del plan económico de la gestión libertaria.
Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, sostuvo que el tema del financiamiento universitario se debería «discutir en el nivel del presupuesto» para «definir las prioridades» porque el país lleva «dos años sin ley de presupuesto». Y agregó: «No veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal, es importante, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar«.
A su turno, el radical Julio Cobos (uno de los pocos de la UCR que dio quórum) señaló: «Sepa el Gobierno que además del equilibrio fiscal, no se pueden romper el equilibrio institucional, el equilibrio federal y mucho menos el equilibrio social».
«Están preocupados por el déficit fiscal y no se los escuchó hablar cuando bajaron las retenciones al campo. Pero les preocupa de dónde va a salir a plata: saldrá de las obras públicas que le recortaron a los municipios», señaló a su turno Adolfo Bermejo, de Unión por la Patria.
A su turno, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) sostuvo que «no hay plata para las universidades pero vemos que para un ejército de trolls o para que el Presidente se tome un avión para un acto partidario en Córdoba sí hay plata«, mientras que Christian Castillo (Frente de Izquierda) sostuvo que «para financiar el carry trade el Gobierno gasta 4,5% del PBI».
Los libertarios se aferran al equilibrio fiscal para soportar la discusión incómoda que abre la oposición
Frente a la estrategia de la oposición que busca poner en discusión la orientación del plan económico de Milei, con el que espera ganar las elecciones nacionales al vincular el equilibrio fiscal con la baja de la inflación (el tema que más interesa y valora el electorado frente a la gestión), el oficialismo por ahora no se inmuta.
Los diputados de La Libertad Avanza no tienen más opción que justificar su rechazo a este tipo de proyectos en la importancia que tiene el equilibrio fiscal. Es un mandato inquebrantable de Milei a su tropa parlamentaria.
«Cuando hay un gasto tienen que decir de dónde van a sacar la plata (…) Nos piden un aumento suprelativo del gasto, que ataque directamente el equilibrio fiscal», advirtió Álvaro Martínez, una de las voces económicas de LLA.
En tanto, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reitero el argumento de que los diputados de la oposición «quieren romper el equilibrio fiscal. No están pensando en los argentinos sino en la política».
Lo cierto es que los proyectos sobre universidades y Hospital Garrahan que avanzaron en Diputados tienen un impacto fiscal que altera las cuentas del programa económico de Javier Milei y por eso se encaminan -si el Senado los transoforme en ley- a un nuevo veto, pero la discusión de fondo tanto para el Gobierno como para la oposición pasa por el sentido y la orientación del plan.