Por medio del Decreto 575/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció nuevas funciones y disposición de recursos para la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la cual ejercerá como “órgano rector” a cargo de los bienes inmuebles del Estado. Se estableció la creación de un régimen y un consejo para la conservación y administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.
Se aprobó un régimen que conservará, administrará y dispondrá los bienes recuperados en procesos penales que fueron producto de actividades ilícitas, la cual tendrá como objetivo asegurar su trazabilidad y su uso en políticas públicas.
Esto sucede el mismo día en que vence el plazo para que Cristina Kirchner deposite, junto con el resto de los condenados en la causa Vialidad, los 530 millones de dólares establecidos por el tribunal oral por el decomiso de bienes para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.
Además, se creó el Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional que se encargará de la “supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de dichos bienes”.
“La Agencia de Administración de Bienes del Estado será el órgano rector centralizador de toda la actividad de bienes muebles e inmuebles del estado nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del Estado cuando no corresponda a otros organismos estatales”, explicaron en el documento que lleva la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, y agregaron: “Quedan excluidas del ámbito de actuación de la agencia la administración y la conservación de los bienes provenientes de actividad ilícita, cautelados y Ministerio de Justicia, sin perjuicio de la competencia exclusiva con respecto a su enajenación o concesión para su explotación comercial”.
En esta línea, se dispusieron cambios en la asignación de recursos operativos de la agencia, los cuales a partir de la normativa serán las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto Nacional -u otras leyes especiales-; donaciones, aportes no reembolsables y legados; intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos o activos; los aranceles, tasas y comisiones que determine la agencia por la prestación a terceros de servicios administrativos y técnicos concretos, efectivos e individualizados, cuyo quantum no podrá ser mayor al 5% del valor del bien.
“Instrúyese a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y al Ministerio de Justicia a celebrar los convenios necesarios para formalizar la cesión de la administración y custodia de los bienes cautelados y recuperados en favor del estado nacional, en virtud de resoluciones dictadas por la Justicia nacional y federal”, expresó el Gobierno en la medida y señaló que la administración deberá entregar, dentro de los 60 días hábiles, a la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona un relevamiento detallado de los bienes.
Desde el Gobierno, por su parte, aclararon que la nueva normativa fue impulsada a raíz de la intención de implementar un sistema “unificado, ágil y eficiente para la gestión” y “aprovechar los bienes que resultan de las investigaciones llevadas adelante en el marco de los procesos penales de las órbitas nacional y federal“. ”La urgencia de la medida que se propicia se ve acrecentada en razón del grave déficit de las cuentas públicas que el país arrastra hace muchos años y que las políticas llevadas adelante desde el 10 de diciembre de 2023 están procurando revertir“, indicaron.