Luego que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, dejando la puerta abierta para la vigencia de esta ley ante los buenos números que tiene la oposición en el Senado, el Gobierno anunció la judicialización de esta iniciativa con el argumento que su implementación violaría la ley de Administración Financiera al tiempo que celebró el blindaje a la anulación presidencial de la mejora a las jubilaciones.
En el Ejecutivo cuestionaron la movida opositora que intentó, según su mirada, romper el norte de esta administración, esto es, el cuidado del equilibrio fiscal. Pero consciente del impacto en la sociedad de las necesidades de los discapacitados, este miércoles enarboló una estrategia a dos bandas: deslizó una reasignación de partidas para asistir a esta población vulnerable pero en paralelo reaccionó ante la propuesta de la oposición aprobada en la Cámara baja,
«El 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, no se podía desatender a esta gente. Hubiera tenido efecto en la campaña», concluyó un dirigente libertario bonaerense luego que el Gobierno anunciara que «estudia» una mejora en las partidas para atender la discapacidad. Pero lo que es seguro es que los abogados del Estado impedirán la plena aplicación de la normativa aprobada por el Congreso.
De acuerdo a los argumentos vertidos por los voceros oficiales, los abogados del Estado podrían resistir la aplicación de la ley, en caso que el Senado confirme su vigencia rechazando el veto presidencial, arguyendo que la ley de Administración Financiera y de los sistemas de control sel sector público nacional (N °24156) en su artículo 38 prevé que todo gasto «en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento» y, en este caso, no habría una herramienta de financiación cierta para solventar la misma.
En el Gobierno, con todo, salieron a rechazar la movida de la oposición y reiteraron que «todo gasto que no tenga una forma de financiación» será rechazado por el Ejecutivo al hacer referencia a los incrementos en las jubilaciones pero también en las partidas para atender los reclamos de los residentes del Hospital Garrahan, por caso.
Pero horas antes que la oposición consiguiera dos tercios de los votos y aprobara insistir con la ley de emergencia en discapacidad que había sido vetada por Javier Milei -que ahora deberá ser tratada por el Senado-, el vocero Manuel Adorni anunció que el Gobierno «está considerando» otorgar un aumento a las prestaciones para discapacidad.
«Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con “curros” de muchos años», dijo. Con todo, no hubo precisiones sobre qué montos podrían aplicarse para mejorar la situación de esta población vulnerable.
La diputada Lorena Villaberde (LLA) no vio este gesto como una eventual compensación sino que «después de la auditoria se pudo ahorrar dinero por las irregularidades de otras administraciones y eso generó la posibilidad de dar un aumento en las pensiones por discapacidad».
Celebración
En Casa Rosada, además, se celebró la imposibilidad de la oposición de avanzar con el rechazo al veto a la ley de jubilaciones. Cerca de Guillermo Francos explicaron que se «trabajó» con gobernadores y diputados que coincidían en el daño al fisco que generaría tamaña erogación.
Un referente de LLA de la Cámara baja, por otra parte, cuestionó la decisión de los diputados Marcela Pagano y Carlos D´Alessandro de abandonar el bloque oficialista. «Son dos que traicionan a los votantes», disparó ante la consulta de este diario..
También hay un convencimiento en el oficialismo que el peronismo y sus eventuales socios en el Congreso intentarán «raspar» a como dé lugar al Ejecutivo para intentar sacar alguna ventaja en la campaña electoral con vistas a los comicios bonaerenses del 7 de septiembre y los nacionales del 26 de octubre.