La Justicia ordenó bloquear las cajas de seguridad de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como también la de todos sus familiares. La medida se da en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra a los dueños de la droguería Suizo Argentina.
Se trata de cajas de seguridad que se encuentran en entidades privadas que se dedican al traslado y resguardo de dinero, según informó este viernes el periodista Ariel Zak en C5N.
La medida fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, quien se encuentra a cargo del expediente con la intervención del fiscal Franco Picardi.
En un principio hubo una orden de bloquear las cajas de seguridad que los Kovalivker tenían en entidades bancarias. Este tipo de procedimiento resulta más sencillo de aplicar ya que solo basta con enviar un oficio al Banco Central para que lo informe a los demás bancos.
En este caso, tras una ardua investigación se logró detectar en qué empresas la familia Kovalivker guardaba dinero, el cual a partir de la orden judicial quedará inmovilizado.
La Justicia entiende que ese dinero podría llegar a ser parte de las presuntas coimas denunciadas.
Si bien estos datos se conocieron en las últimas horas, cabe recordar que la causa continúa bajo secreto de sumario.
Bloquean las cajas de seguridad de los Kovalivker
El apellido Kovalivker figura en la investigación debido a los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS, donde se mencionaban negociados con proveedores, favores políticos y un entramado que, según la Justicia, tenía conexiones con el entorno de Karina Milei y miembros de la familia Menem.
Un dato que llamó la atención fue que, solo 2024, la droguería Suizo Argentina cobró 19.000 millones de pesos de la ANDIS, un volumen que posiciona a la empresa como una de las principales proveedoras del organismo.
En las últimas horas se supo además que Jonathan Kovalivker, quien logró escapar del allanamiento en Nordelta y se entregó cuatro días más tarde, entregó un celular reseteado de fábrica ante la Justicia.
Para la Justicia, podría ser interpretado como un intento de obstruir el acceso a información clave sobre llamadas, mensajes y vínculos que podrían comprometerlo en la causa.
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