El expresidente Andrés Manuel López Obrador presumió durante años haber erradicado el robo de combustible. Sin embargo, una investigación reciente revela que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) compró diésel robado para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA). Lejos de terminar con el huachicol, el gobierno de la 4T habría alimentado el mismo delito que prometió erradicar.
De acuerdo con documentos obtenidos por Reforma, empresas fachada que operaban con tomas clandestinas de Pemex vendieron miles de litros de combustible al Ejército mexicano.
Los pagos se realizaron en 2021 y 2022, durante la fase de mayor actividad en la construcción del AIFA, uno de los proyectos insignia del sexenio de AMLO. El reporte señala que no fue una omisión aislada, sino un patrón de compras reiteradas a huachicoleros.
Corrupción con uniforme militar
El caso muestra que las empresas involucradas no contaban con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Incluso habían sido señaladas por vender combustible de origen ilícito. Aun así, la SEDENA les otorgó contratos millonarios sin verificar la legalidad del producto adquirido.
Uno de los proveedores abastecía diésel extraído de una toma clandestina en Hidalgo. Irónicamente, este estado fue, según datos oficiales, el epicentro del huachicol en los primeros años del sexenio. En lugar de combatirlo, el Ejército lo integró a la cadena de suministro estatal.
La promesa rota: el huachicol no desapareció, se institucionalizó
En varias ocasiones, López Obrador afirmó que su gobierno había “cortado de tajo” el robo de combustible. Incluso presentó gráficas en sus conferencias matutinas para sustentar esa narrativa. Pero la realidad muestra lo contrario: el huachicol no solo sobrevivió, sino que fue legitimado desde el poder.
Este nuevo escándalo se suma a las constantes denuncias por corrupción en obras de la 4T como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas. En todos estos proyectos, la presencia militar ha servido más para encubrir que para transparentar.
¿Quién protege a los huachicoleros?
Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han sido ignorados sistemáticamente cuando detectan irregularidades en contratos vinculados a la SEDENA.
La militarización de la vida pública ha generado un manto de opacidad que impide conocer con certeza cómo se usan los recursos públicos. Incluso en obras tan propagandizadas como el AIFA, se utilizó combustible ilegal adquirido por el propio gobierno.
Lejos de aplicar sanciones, las instituciones federales han guardado silencio. No hay investigaciones abiertas ni suspensión de contratos. El régimen de Morena ha optado por el encubrimiento antes que por la rendición de cuentas.
De “combate” al huachicol a complicidad criminal
Revelar que la SEDENA compró diésel robado destruye una de las banderas más repetidas por López Obrador. La supuesta lucha contra el crimen organizado terminó siendo un negocio con respaldo institucional.
El gobierno que se presentaba como distinto terminó replicando y superando las peores prácticas del pasado. En la era de la Cuarta Transformación, el Estado no combate al crimen: lo contrata.