Los dueños de la droguería Suizo Argentina –Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker– pidieron el cierre de la causa que los investiga por el presunto pago de coimas a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El abogado de los tres, Martín Magram, hizo una presentación el viernes pasado y otra este lunes. El viernes pidió la nulidad absoluta de toda la investigación con el argumento de que la Justicia inició una “verdadera caza de brujas” basada en unas grabaciones “adulteradas” que, de ser verdaderas, fueron obtenidas “de forma ilícita”, sin el consentimiento de su protagonista.
Este lunes, en un nuevo escrito, Magram alegó que la Justicia ya investigó estos supuestos hechos el año pasado y archivó la causa, y que, a raíz de aquella resolución, esta nueva denuncia no puede prosperar.
La regla, no obstante, es que un archivo no es una decisión definitiva (como sí lo es un sobreseimiento), pero para la defensa de los Kovalivker, en esta causa no es así. El argumento fue que el archivo estuvo vinculado con el fondo del tema (porque el fiscal en aquel momento entendió que no hubo delito) y el juez convalidó el cierre del caso, que según la defensa, tiene el mismo objeto que este nuevo expediente. Para los investigadores que están avanzando con este caso, no es así.
En su presentación de la semana pasada, el abogado de los Kovalivker dijo que se violó el derecho de sus defendidos a tener un debido proceso tomando como exclusivo punto de partida esas grabaciones para hacer una denuncia penal “de claro tinte político”.
Según Magram, aunque no se consideren los audios como prueba, ni siquiera podrían tomarse como “notitia criminis” porque ello implica dar inicio a una investigación que es una “expedición de pesca en flagrante violación” a la Constitución, que resguarda el derecho a la intimidad.
El abogado dijo que ni siquiera tenía claro si las grabaciones están en el expediente porque la causa está en secreto y los investigados, por ahora, no tienen acceso a las actuaciones.
La defensa de los Kovalivker recordó en su escrito que el 26 de agosto pasado había pedido que la Justicia se hiciera de los supuestos audios, si es que no estaban presentados, y que los peritara para determinar, entre otros aspectos, si la voz es la de Diego Spagnuolo -el exjefe de la Andis a quien se le adjudican-, si fueron adulterados, si fueron editados y si le faltan tramos. También, que los peritos informen si se puede identificar la locación donde se grabaron los audios, entre otras medidas.
El fiscal no hizo lugar a este pedido de peritaje. Para los investigadores, las grabaciones no son más que el punto de inicio de la causa, y no un elemento de prueba. Todo indica que el rol de los audios y su validez será una discusión central que determinará el destino del expediente. Se discutirá en primera instancia y también en la Cámara Federal.
Quienes defienden lo hecho por el fiscal Franco Picardi sostienen que grabar una conversación privada no es algo en principio ilegal y alegan que nada impide que los audios sean el punto de partida de una investigación que deberá valerse, para poder avanzar, de otros elementos que sirvan como prueba.