En el Ministerio de Justicia de la Nación terminaron con las contrataciones tercerizadas que respondían a la conducción de ACARA, Asociación de Concesionarios Automotores, que había ingresado al Estado a 2.400 agentes públicos que terminaron por expulsados de sus puestos administrativos, en una medida oficial que adoptó el ministro Cúneo Libarona.
La mayoría de estos empleados desempeñaban tareas relacionadas con el Registro de la Propiedad Automotor y controlaban las operaciones de los diferentes Registros del Automotor del país, que quedaron bajo la lupa por irregularidades desde que Milei ordenó investigar a estas «cajas de la política».
Porque, en definitiva se trata de cajas que manejan los referentes partidarios junto a jueces, agentes del Estado y gestores del sector privado que se hacen su «agosto» exprimiendo las billeteras de miles de automovilistas a los que les llega cada vez con mayor asiduidad multas siderales que en su mayoría podrían ser discutidas.
Mientras que en el Gobierno nacional se avanza con la desregulación de la economía y la eliminación de estas fuentes de recursos partiidarios, necesarios para aceitar cualquier campaña electoral competitiva que se precie, en el gobierno bonaerense conviven con horas dramáticas en torno de la figura del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio que tiene muy poco crédito para continuar en el cargo, que fue acusado de ser el supuesto líder de una asociación ilícta.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, continúa en su cargo. Por ahora. Lo sostienen el ministro de la Gobernación, Carlos Bianco, y el ministro de Desarrollo Comunitario, «Cuervo» Larroque. El duo convence al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de no desprenderse ni despedir de manera destemplada a su ministro, que fue nombrado en fuero federal por una denuncia en su contra presentada por el «rey» de las fotomultas, Leandro Camani.
Mientras que Camani lo acusa de ser el supuesto jefe de una asociación ilícita, que involucra a gestores, jueces y funcionarios relacionados con la posibilidad de borrar las multas de tránsito que castigan a diario a miles de automovilistas con sanciones carísimas para los presupuestos actuales, hay otro tramo de la investigación en sede de la justicia federal relacionada con la VTV.
En el caso del ámbito nacional, una investigación del experto en seguridad vial, Nicolás Gadano, fue la base de la decisión adoptada de no renovar los contratos tercerizados en el Registro de Propiedad Automotor. Gadano analizó el manejo que realiza Acara de los fondos que los dueños de vehículos pagan en dicho registro.
Entre otras atribuciones, ACARA tuvo hasta hace unos meses la posibilidad de emitir matrículas, que eran impresas en la desaparecida Casa de la Moneda, y trianguladas a través de Acara antes de llegar a los Registros del Automotor, incrementando el costo final con la comisión que cobraba la asociación de concesionarios. Además contaban con el monopolio del suministro de insumos para el funcionamiento del Registro Automotor. Comercializaba los formularios, carpetas, sobres y otros documentos, como las chapas patentes.
Escándalo de las fotomultas: Axel Kicillof, en problemas
La semana pasada, la fiscalía de La Plata que conduce Álvaro Garganta obtuvo documentación que le permitió avanzar en esa sección del expediente al tiempo que se desarrolla otra causa judicial en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charbay, por el presunto delito de lavado de activos.
Precisamente, sobre este último punto, lavado de dinero, es sobre el que se montará en las próximas horas los representantes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Todo indica que en las próximas horas, Kicillof tendrá sobre su gestión el escrutinio más profundo de una de las politicas que más denuncias realizó a lo largo de su carrera en el fuero federal.
La podredumbre podría tener su fuente en Pilar: la denuncia de Elisa Carrió
La localidad que está en el centro del drama que se desarrolla en varios actos esta ubicada en la zona norte de la provincia y es PIlar. Desde allí surgieron los primeros indicios que fueron señalados publicamente por Elisa Carrió a través de un post en X. El 26 de noviembre escribió, «En el 2020, en Pilar, sucedió un hecho por el cual Matías Yofre (concejal de la Coalición en PIlar) expresó su preocupación. Se designaba por unanimidad a Claudia Pombo como presidenta del concejo deliberante. La Coalición Cívica denunciaba que esta persona ya había sido condenada en una causa de malversación de fondos. Recuerdo que esta acción le valió todo tipo de amenazas, pero aún así, seguimos adelante. Hoy, el tiempo demostró que no se equivocó. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’onofrio, y Pombo están nuevamente bajo la lupa de distintas investigaciones judiciales relacionadas con fotomultas, VTV y empresas offshore. Estas causas están siendo llevadas adelante por los jueces Garganta y Charvay. No se puede seguir sosteniendo a D’Onofrio como ministro de Transporte».
Claudia Pombo es la esposa de Jorge D’Onofrio y para los asesores de la Coalición consultados por iProfesional «…la causa judicial está investigando las maniobras irregulares en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Nuestra sospecha es hay vinculaciones por contratos direccionados desde lo más alto del poder, la intervención de empresas offshore necesarias para lavar activos y pagos de comisiones ilegales».
Carrió y su gente presentarían en las próximas horas información relacionada con la compañía Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que preside Sebastián Desio. Se trata de una firma que celebró contratos para brindar «innovaciones tecnológicas para la gestión del servicio» durante diez años, con cuatro concesionarias de la VTV, que tienen a cargo 10 de las 16 áreas licitadas.
VTV: el negocio de recaudación en la Provincia de Buenos Aires
La VTV es un negocio ejemplar de recaudación estatal amparado bajo premisas nobles como es terminar con la inseguridad vial. Pero donde se abre una oficina de control se abren puertas y salidas de escape o se aseguran primas dignas del primer mundo con automovilistas que conducen 0 km y no un parque automotor envejecido como el actual donde reina el usado.
Si se observa el proyecto de presupuesto 2025, por la VTV el gobierno de Axel Kicillof prevé recaudar el año próximo $30.794.965.000. Los concesionarios pagan un canon a la administración provincial que va entre el 5% y el 16%. Si se hacen las cuentas rápidamente arrojan un resultado jugoso para el estado provincial. Se quedará con una cifra que oscilará entre $2690 y $8661 de cada verificación, solo en la categoría menor de automóviles.
Desglosado el reparto, el problema es la operatividad, porque los servicios a prestar por la empresa investigada son el software de gestión (toma y asignación de turnos, cobros, interacción con usuarios, estadísticas y monitoreo); la integración de sistemas y plataformas tecnológicas; el «testing»; capacitación; soporte y mantenimiento; infraestructura y «hosting»; gestión de cobranzas y elaboración de informes. Por ese paquete, la empresa cobra el 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado por cada verificación.
Ahora bien, fuentes judiciales señalaron que la empresa carece de capacidad operativa para cubrir los servicios que figuran en el contrato. Solo se la contrata para dar turnos y no tiene asiento físico.
La sospecha de los investigadores platenses es que la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA cobraba ese 8,5% más IVA como una «coima encubierta». La verificación en la categoría más económica de automóviles (hasta los 2500 kilos de peso) cuesta $53.819,26. La firma se lleva, por cada verificación solo en esa categoría, $4574,63 más IVA, según una cuenta realizada por el diario La Nación basándose en fuentes judiciales.
Presionado por un respaldo de Kicillof que no durará para siempre el ministro Jorge D’Onofrio ofreció declaraciones a los periodistas Alejandro Almendros y Candelaria de la Sota. Acerca de las denuncias formalizadas por las verificaciones técnicas vehiculares y, por aquellas que llegarán desde la Coalicicón Cívica, afirmó, «…por el tema VTV, el gobernador cuando se hace cargo de la provincia puso en marcha el proceso licitatorio que llevaba vencido 30 años. Cuando asumo en el 2.
022 terminó ese proceso y el año pasado se adjunidó a las empresas prestadoras donde se piden diversos requisitos, pero a costas de los empresarios y funciona igual a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Confío plenamente en el fiscal y en el juez pero todas las pruebas que se están produciendo nos están dando la razón», aseguró D’Onofrio que resiste en el cargo.
La causa de los sacamultas y la inquina del «rey de las fotomultas» contr Jorge D’Onofrio
Pero como reveló iProfesional previamente, el «curro» de las fotomultas da para todo. La invasión de estos ojos mecánicos, similares a la peor pesadilla orweliana de control social en el espacio público, se justifica en la enorme cantidad de accidentes viales que se produjeron en el pasado con víctimas fatales. Sin embargo, pasados los años de implementación de cámaras en las avenidas bonaerenses, solo se ha logrado empobrecer a los dueños de automóviles y enriquecer a estados municipales, provinciales y a las empresas que les prestan servicios.
Un ejemplo más del «capitalismo de amigos» que aparentemente el Presidente, Javier Milei, vino a desmontar, aunque nada de eso sucederá en la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof que funciona como un espejo invertido de la gestión libertaria a nivel nacional en todos los temas que se pongan a consideración de la ciduadanía.
A pesar de no avalar ni querer escuchar cerca de él que se hable de «cajas» políticas bonaerenses, Axel Kicillof comienza a recibir llamados de atención por estas denuncias que involucran a su ministro de transporte que es avalado por otros dirigentes de su gabinete ministerial. Y, la denuncia contra D’Onofrio vino de parte de un contratista del estado provincial.
Porque Leandro Camani, dueño de la empresa Secutrans, denunció a D’Onofrio como posible jefe de una asociación ilícita, que maneja gestores para sacar fotomultas, una metodología que serviría para recaudar dinero en cantidades industriales que tienen las intendencias y las gobernaciones en perjuicio de los bolsillos y presupuestos de los automovilistas que sufren sanciones millonarias y arbitrarias justificadas en la inseguridad vial que continúa produciendo muertes en todo el país a pesar de las cámaras que controlan el espacio público, siempre fue considerado el «rey» de las fotomultas.
Y, antes fue uno de los «príncipes» de la noche. No de la noche bohemia sino de la noche polémica.
Con pasado de modelo, Camani, apareció varias veces en las secciones de chimentos por haber estado casado con Samanta Farjat y en pareja con Nazarena Vélez.
De fluidos contactos políticos en dependencias de intendencias bonaerenses tuvo un ascenso notable en sus áreas de incumbencias. Tuvo un boliche llamado Fabric Club mientras caminaba el mundo de la política.
Hubo un caso, señalado por D’Onofrio, que lo marcó aunque quedó absuelto. El caso del boliche Beara, donde murieron dos chicas de veinte años por negligencia. Sucedió en el 2010 y en las grabaciones de la causa había una serie de conversaciones de Camani en las que se adjudicaba haber sido él quien gestionó la habilitación ilegal de Beara. Finalmente fue absuelto en 2022. Previamente, en 2000 tuvo una causa de la que fue sobreseído por extinción de la acción penal, por circular por las calles con documentos falsos.
Y, poco tiempo atrás, se viralizaron imágenes de el «rey de las fotomultas» que se filmó con su teléfono celular mientras conducía, de manera imprudente, un automóvil importado a más de 160 kilómetros por hora en una avenida donde la máxima permitida es de 60 kilómetros.
Tanta impunidad sólo parece explicarse por sus contactos políticos que logró forjar, también, a través de contratos con su empresa Secutrans, proveedora de cinemómetros y otros instrumentos de medición de velocidades en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad mantiene convenios con los municipios de General Pueyrredón, Hurlingham, San Isidro, Malvinas Argentinas, Morón y La Matanza, entre otros distritos. Y, políticos bien informados señalaron que su mayor padrino político proviene de la familia Barrionuevo. Su sintonía se extiende a los hijos del sindicalista gastronómico Sandra Barrionuevo y el enigmático, Alejandro Barrionuevo del que circulan escasas imágenes y referencias.
Sobre Camani, D’Onofrio volcó toda su furia y explicó en declaraciones radiales, «… es un proveedor de fotomultas. Primero, quien me denuncia fue imputado, procesado y milagrosamente absuelto en el caso Beara junto a dos policías porque habían perdido las pruebas».Además, agregó, «Tiene denuncias y procesos por estafa, se ha filmado manejando a 160km, borracho, en avenida Libertador y realmente lo que está queriendo llevar adelante es un ataque a mi persona para que sacarme de este ministerio, debido a que empieza a funcionar en los próximos días un nuevo sistema de fotomultas».
«No solo no ha sido alterado el flujo de cobro de multas, sino que desde 2022 en la comparación intermensual, e interanual, no solo cayó, si no que se ha incrementado la recaudación por fotomulta, en pesos y en condenas y esta empresa es la que más ha crecido» continuó defendiéndose, utilizando el pasado controversial de su acusador.
Sea como fuere, el futuro político de D’Onofrio no dependerá sólo de Axel Kicillof sino del juez y el fiscal que lo investiga. De complicarse la situación procesal del ministro de Trasnporte, Kicillof deberá hacer algo que no quiere bajo ningún aspecto.
Imitar a Javier Milei que despacha funcionarios con una facilidad asombrosa y reniega de ellos «quemándolos» en el Boletín Oficial, como le sucedió, recientemente, a Florencia Misrahi, ex jefa de la AFIP, a la que despidió por mal desempeño. Sin contemplaciones ni explicaciones. El estilo Milei que Kicillof no quisiera tener que imitar con D’Onofrio.