Los 72 miembros del fideicomiso acreedores granarios de Vicentin, que ostenta aproximadamente el 30% de los créditos de la categoría, rechazamos en forma enérgica el reciente intento de ciertos sectores del ámbito comercial de la ciudad de Avellaneda, empleados vinculados a las familias accionistas, algunos miembros del arco político, así como instituciones con sabida participación de miembros de la concursada , de presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para obtener “un pronto pronunciamiento” tendiente a “homologar la propuesta concursal” de la agroexportadora, la cual fuera rotundamente rechazada por el juez de primera instancia.
Desde el lugar de damnificados que nos toca ocupar, sentimos mucho que aún existan algunos pocos actores que adopten tal postura, y no tenemos dudas que la causa radica en intereses económicos comunes con los imputados, o bien en la desinformación a la que nos tienen acostumbrados los orquestadores del mayor default económico de la historia de nuestra provincia.
No tenemos dudas que quienes se expresaron ante el Máximo Tribunal Provincial son parte interesada o bien han sido manipulados por los mismos responsables de esta larga agonía que venimos sufriendo con el fin de presionar a los miembros de la Corte, y así consolidar su acto delictual realizado, profundizarlo con una quita ilegal de la deuda y finalmente, favorecer el desguace de la mayor agroexportadora de capitales argentinos.
Es por ello, que aprovechamos la oportunidad para informar a la sociedad en general que quienes representan a la mayoría de los acreedores granarios y a los bancos nacionales (Commodities y el Banco de la Nación Argentina (BNA), BICE y Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO)), vienen dando una pelea judicial épica para evitar un nuevo desfalco con quitas mayores al 80% de sus créditos, y para obtener una condena ejemplar en la justicia criminal.
Es importante recordar que los ex directivos y accionistas de Vicentin se encuentran actualmente acusados por la comisión de delitos y con penas solicitadas por la Fiscalía que llegan hasta los 17 años de prisión. Esta situación no puede ser ignorada, y cualquier intento de injerencia en el curso del proceso en beneficio de quienes han causado tanto daño no solo a los acreedores, sino a toda la sociedad, debe ser firmemente rechazado.
Desde nuestro lugar, hacemos un llamado a la justicia para que no avale ni consolide la mega estafa perpetrada por Vicentin y sus directivos (menos aún la “impunidad” de éstos últimos) que lleva ya más de 5 años causando un profundo perjuicio y agonía a los verdaderos damnificados del proceso concursal.
Confiamos en que la justicia actuará con firmeza y en defensa férrea de quienes han sido afectados por el accionar de empresarios sin escrúpulos que pretenden una nueva quita a los acreedores, y convalidar el delito económico mas grande del que se tenga recuerdo en la provincia.
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